Blindaje militar exhibe el Fermín Toro
40 alumnos que formaban bandas delictivas fueron sacados del plantel
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El acceso está en manos de funcionarios policiales FERNANDO SÁNCHEZ
DEIVIS RAMÍREZ MIRANDA | EL UNIVERSAL
jueves 19 de marzo de 2015 12:00 AM
Desde hace más de un mes, el personal que labora en el liceo Fermín Toro de Caracas, así como los alumnos que allí hacen vida escolar, respiran aire nuevo. Ahora están disfrutando de los espacios académicos, alejados de la violencia, que era el principal emblema de esa casa de estudios, según señalan padres y representantes.
La institución exhibe un blindaje militar y policial por dos razones: la primera es que están ubicados en una Zona de Seguridad, al lado del Palacio de Miraflores, y la segunda es que los funcionarios de la Policía Militar (PM) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tomaron los espacios para recuperarlos de las bandas delictivas que controlaban todo.
De los 800 alumnos que había en la matrícula, 40 fueron sacados del plantel al descubrir que formaban parte de grupos delictivos armados y organizados. Había drogas, acoso sexual, armas de fuego, armas blancas, maltrato y amenazas hacia los profesores, informaron fuentes policiales.
El panorama actual es distinto. El control, la disciplina y la prohibición de acceso al público por parte de los funcionarios de seguridad está a la orden del día. Los alumnos cumplen una especie de régimen.
Para tramitar cualquier documento, los estudiantes o egresados deben acudir a las instalaciones entre las 8:30 y las 11:30 de la mañana.
Un cartel en la puerta principal lo deja claro.
Dos alcabalas
La reja de acceso al liceo es controlada por tres funcionarios de seguridad interna. Usan camisa roja. Con ellos, hay dos militares y dos efectivos de la PNB dispuestos en dos escritorios que sirven de vigilancia.
Quienes llegan a preguntar algo, les dicen que no pueden entrar. Un funcionario de vigilancia deja claro que "por medidas de seguridad no está permitido el acceso al público".
Aquellos que logran convencer a los funcionarios, son registrados en un libro y les dan acceso, pero pasan a la segunda alcabala ubicada en la reja que permite entrar a la sede.
Allí los reciben dos funcionarios más, que son una especie de orientadores. También están en un escritorio.
Se cansaron...
Quienes se preocuparon por la situación crítica que padecían en el liceo fueron los padres y representantes.
Se organizaron y exigieron al ministerio de Educación que tomara medidas urgente para minimizar los niveles de violencia que, cada día, generaban un éxodo masivo de escolares y de profesores.
Un liceo que fue construido para recibir a mil alumnos, no sobrepasaba la matrícula de 800 por este flagelo.
Fue entonces cuando desde el Vicerrectorado de Educación se decidió intervenir el liceo, a principios de año.
Soyara El Ashkar, encargada de ese despacho, y quien antes fue la rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), de acuerdo a un decreto presidencial, nombró un padrino militar y luego iniciaron la toma del plantel.
En conjunto con los padres y representantes organizados, comenzaron un plan de abordaje estudiantil en las aulas.
Una fuente policial dijo que "comenzaron a tocar temas que contribuyen a la mejor convivencia grupal de los alumnos".
Aunado a ello, implementaron la revisión corporal exhaustiva y el trabajo diagnóstico y de inteligencia para detectar las mafias que estaban instaladas en el liceo.
Así fue como determinaron la presencia de los 40 alumnos (la mayoría de cuarto y quinto año) dedicados a organizar actos vandálicos.
En común acuerdo con sus padres y representantes, fueron sacados de la institución."No los expulsaron, simplemente los cambiaron de liceo", dijo la fuente.
Lo que sí detalló, es que esos jóvenes fueron señalados de ser los principales agentes violentos
Antecedentes
El 12 de abril del año 2011, el profesor Robert Eduardo Jérez, de 28 años, fue agredido por cinco alumnos encapuchados que entraron a su salón de clases.
Se convirtió, en ese momento, en el octavo educador agredido y amenazado por los revoltosos del plantel.
"Me sorprendieron en el aula de la Sociedad Bolivariana. Allí estaba entregándole las notas a mis alumnos. Ellos llegaron uniformados y con las capuchas. Comenzaron a golpearme. Ninguno habló", relató el docente herido en aquella oportunidad.
También relató que los jóvenes lanzaron una bomba lacrimógena en el salón para neutralizarlo. Los estudiantes que estaban con el profesor salieron corriendo desesperados y pidiendo ayuda. Ninguno intentó defenderlo por temor.
"Logré defenderme un poco, pero era difícil porque eran todos contra mí. A uno le quité la capucha y supe quién era. Ya me habían amenazado antes".
El profesor considera que el "pecado" que cometió para que lo agredieran de esa manera, fue iniciar un proyecto de recuperación de la institución, donde imparten valores morales a los jóvenes.
"Lo militar preocupa"
La experta en derecho penal y presentadora de televisión, Mónica Fernández, considera que la militarización "implica represión desde el punto de vista de la educación. Es delicado en los niveles escolares. La alternativa debe ser siempre la prevención. Más allá de las respuestas que debe dar toda autoridad, debemos visualizar las alternativas de educación dentro y fuera de las aulas, además del control de armas".
A su juicio, las conductas de las propias cárceles se han trasladado a los planteles educativos, y eso ha significado un grave problema, pues el Estado ha tenido que responder con la misma contundencia que lo hace en los penales. Eso conlleva al retiro de muchos jóvenes del sistema educativo, dijo.
La violencia escolar, que también es un tema de estudio en la organización Cecodap, deja graves marcas en los jóvenes.
En su informe del año pasado, destacaron dos homicidios y once heridos en planteles.
dramirez@eluniversal.com
